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Tramos nicoleños de las rutas 9 y 188 pasarán a manos privadas

28 octubre 2024 - 08:36

Vialidad Nacional lanza la “Red Federal de Caminos” y establece que rutas como la 9 y 188, que atraviesan San Nicolás, pasarán a manos privadas para su mantenimiento y operación

El Gobierno Nacional, a través de Vialidad, ha dispuesto la creación de una nueva estructura de concesión vial denominada “Red Federal de Caminos”, con el propósito de transferir la operación y mantenimiento de importantes rutas nacionales al sector privado. En este esquema, las rutas 9 y 188, que incluyen tramos clave de la autopista Buenos Aires – Rosario y la conexión hacia Junín desde el puerto de San Nicolás, estarán en manos privadas en un futuro próximo.

La “Red Federal de Caminos” organiza las rutas en 12 tramos que suman aproximadamente 8.648 kilómetros, representando el 20% de la red vial nacional y concentrando cerca del 80% del tránsito vehicular del país. Esta estrategia apunta a mejorar el mantenimiento de las vías mediante un modelo de concesión que será licitado en dos etapas.

Según lo previsto, la primera licitación pública se abrirá en diciembre de 2024 para que, en abril de 2025, las empresas adjudicatarias tomen posesión de sus tramos. La segunda etapa está programada para febrero de 2025, en la que se incluirán rutas sin mantenimiento actual o bajo la responsabilidad de Corredores Viales SA, como el “Tramo Río Paraná”, que incluye los tramos de las rutas 9 y 188 en el partido de San Nicolás.

Este cambio responde a la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver Corredores Viales SA, empresa estatal que hasta el momento gestionaba casi 6.000 kilómetros de rutas en el país y que ha acumulado un alto índice deficitario desde administraciones anteriores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la privatización busca reducir el gasto del Estado en rutas que actualmente presentan un deterioro considerable. Las empresas concesionarias solo podrán cobrar la tarifa de adjudicación una vez que hayan puesto las rutas en condiciones, estimándose que esta medida podría ahorrar al Estado aproximadamente 5.600 millones de dólares.

Con este nuevo modelo de gestión, el Gobierno busca eliminar el esquema monopólico previo, permitiendo que cualquier empresa que cumpla los requisitos participe de las licitaciones y gestione las rutas de manera eficiente, sin intervención de la Ley de Obra Pública.

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