La verdad detrás de la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal.

19 diciembre 2024 - 06:54

Existe una medida cautelar vigente que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, poder independiente de los gobiernos local y provincial.

Barranquitas y El Arenal son las playas que volvieron a la agenda local tras un comunicado emitido por el área “Descubrí San Nicolás” y Comunicación de la Municipalidad, en el que le endilgan responsabilidad directa de la clausura al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El lunes, el Municipio emitió un comunicado que fue replicado por varios medios locales, bajó el título “Kicillof mantiene la clausura y los nicoleños se quedan otro verano sin playa”. Y se citan textuales del intendente, Santiago Passaglia refiriendo que “el Municipio viene cumpliendo con todo lo solicitado por el Ministerio (de Ambiente), pero ante cada presentación nos piden nueva documentación y no hay respuestas concretas sobre la fecha de habilitación”.

Según ese texto, el mandatario agregó que “durante todo el año se trabajó en conjunto con la promesa de destrabar esta situación en beneficio de los nicoleños, pero está claro que no hay intención de la Provincia de devolvernos las playas”.

Frente al panorama trazado por el Gobierno local, COSA CIERTA fue en busca de la palabra de la subsecretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, Tamara Basteiro, quien aseguró que “la verdad es que no es como está manifiestado en ese documento o en ese posteo”, por lo que “sería interesante que esta información se retracte y que podamos informar lo que realmente está pasando en relación a este tema, sobre todo para todos los nicoleños”.

La funcionaria bonaerense aclaró que hay “una ley nacional de presupuestos mínimos que va a conservar los bosques nativos” y “en la Provincia de Buenos Aires tenemos la ley de bosques nativos, la 14.888” tendiente a la conversación del medioambiente, legislaciones que el Municipio, desde la gestión del anterior intendente, Manuel Passaglia vendría violando.

Por eso, “se le pide que presente un plan de restauración”, tramitación que la que Provincia continúa “a la espera de que sea presentada, en virtud de la resolución”.

El año pasado, paralelamente, “la Corte Suprema de la Provincia hizo una medida cautelar que suspendía el Código Urbano Ambiental y ordenaba que se retiren las máquinas, que se prohibían los movimientos de suelo” y que clausuró el uso del puente vehicular y de los caminos para rodados motorizados.

Historia de una clausura anunciada

El 12 de mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, mediante la ampliación de una medida cautelar, suspendió varios artículos del Código Urbano Ambiental, que fue aprobado por el Concejo Deliberante a pesar de que era contra a la normativa nacional.

Al mismo tiempo, clausuró el puente vehicular que une la ciudad con la zona insular y los caminos que se habían abierto en el sector de islas. Esa medida judicial continúa vigente y de no ser así, las partes ligadas al litigio no fueron notificadas.

Cuando el exintendente, Manuel Passaglia, años atrás, hizo pública la intención de intervenir en la zona protegida, ambientalistas nicoleños le advirtieron que para eso había que realizar un estudio de impacto ambiental tendiente al cuidado del ecosistema insular protegido por ley, el cual nunca se realizó.

Ante esta situación, la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA), judicializó las obras y tras varios meses de litigio consiguió la clausura de puentes y caminos vehiculares.

FOMEA y otros ambientalistas que se involucraron en este tema, aclararon que la intención no era impedir el disfrute de los nicoleños y turistas, sino, todo lo contrario, fomentarlo respetando el medioambiente.

La medida cautelar dictada por la Corte Bonaerense, responde a un pedido de FOMEA elevado el 4 de marzo de 2022 y suspende varios artículos del Código Urbano Ambiental aprobado mediante una ordenanza de 2019, al menos, hasta que haya una sentencia definitiva.

En la misma resolución, el máximo órgano de Justicia provincial ordenó “la clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela que se dispone en la presente; lo que incluye los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas ‘Barranquitas’ y ‘El Arenal’”, así como el retiro de máquinas y todo vehículo o maquinaria que estuviese en la zona clausurada.

También se notificó que “será bajo apercibimiento de aplicar una multa al señor Intendente de San Nicolás por cada día de retardo en el cumplimiento de esta decisión” y se dispuso que ante cualquier incumplimiento, la demandante podría informar al Ministerio Público Fiscal para que iniciará una causa penal.

Días después de conocida la medida cautelar, la Municipalidad continuó realizando algunos trabajos que estaban encuadrados en tareas de “mantenimiento” con el fin de “proteger a los transeúntes” de la zona. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Justicia y hasta generó el reemplazo de comisario que en su momento estaba a cargo de la seccional Primera.

Ese exfuncionario policial fue filmado mientras en la misma cara de una abogada rompía la orden judicial que impedía los trabajos.

Teniendo en cuenta lo ocurrido hasta la actualidad, en torno a la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal, no se puede perder de vista la medida cautelar vigente, más allá de las intenciones del Gobierno municipal y el de la Provincia.

Fuente: CosaCierta