La Justicia le prohibió a Bullrich aplicar el protocolo anti-piquete si no es a pedido de la ciudad

8 abril 2025 - 05:05

Fallo sobre la criminalización de la protesta: tras una presnetacón de la CGT y de la UTEP, la Justicia le pone un freno a Bullrich y le prohíbe dirigir operativos de seguridad de las manifestaciones de la Ciudad de Buenos Aires

A pedido de la CGT y la UTEP, la Justicia respondió parcialmente a favor y ordenó restringir la intervención de fuerzas federales como la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal en manifestaciones que tengan lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

La Confederación General del Trabajo (CGT) remarcó este domingo un reciente fallo de la Justicia que restringe la actuación de fuerzas federales durante movilizaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y celebró que se haya ratificado la competencia exclusiva de la Policía de la Ciudad en materia de seguridad local.

“El fallo hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la CGT, y ratifica que el distrito porteño posee plena competencia en materia de seguridad dentro de su jurisdicción”, señalaron desde la central sindical a través de un comunicado difundido por el Consejo Directivo Nacional.

La cemtral señaló que “la Justicia le pone límites a la brutal política represiva” que se venía aplicando desde el Gobierno nacional en el marco de las protestas sociales. Según el fallo, la Policía de la Ciudad será la única fuerza con responsabilidad operativa primaria en calles, plazas y accesos cercanos al Congreso Nacional.

Además, se establece que las fuerzas federales sólo podrán intervenir si son solicitadas formalmente por autoridades locales, o si existe una coordinación expresa entre jurisdicciones. “Se prohíbe cualquier despliegue unilateral por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación u otros organismos federales”, remarcaron.

Desde la CGT subrayaron también que el Congreso Nacional conserva su autoridad solo dentro de sus edificios, pero no tiene control sobre el espacio público que los rodea, el cual “permanece bajo control de la ciudad”.

La central obrera consideró que esta sentencia “establece un marco normativo claro que debe guiar la planificación y ejecución de manifestaciones”, y llamó a las autoridades a “actuar con responsabilidad institucional”.

“Advertimos que deben evitarse prácticas de criminalización de la protesta y garantizarse el ejercicio de los derechos sociales y constitucionales del pueblo argentino”, concluyó el comunicado.