6 marzo 2025 - 20:42

El juez federal Marcelo Bailaque, quien está siendo investigado, lleva diez meses sin avanzar en la indagatoria de tres exmilitares y dos civiles acusados del asesinato del obispo Carlos Ponce de León en 1977.

Ante esta demora, el fiscal Matías Di Lello presentó un recurso por «retardo de justicia” contra el magistrado. La doctrina de la “solución biológica” o “Impunidad biológica”, más activa que nunca.

A pesar de los fallos judiciales que lo obligan a actuar, Bailaque sigue sin tomar medidas en la causa. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario anuló la sentencia dictada durante la dictadura sobre la muerte del obispo, confirmando que no se trató de un accidente, sino de un homicidio encubierto en la ruta a la altura de Ramallo. Ponce de León era un fuerte opositor a la represión militar y denunciaba detenciones ilegales y desapariciones de personas, lo que lo convirtió en un objetivo del terrorismo de Estado.

Según reporta el portal Cosa Cierta, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la decisión de la Cámara de Apelaciones y declaró nula la sentencia de 1978 por haber sido emitida en un contexto de violaciones a los derechos humanos. A raíz de esto, el fiscal Di Lello solicitó la indagatoria de los acusados, imputados como coautores del homicidio agravado del obispo y del intento de asesinato de Víctor Oscar Martínez, quien viajaba con él.

Retrasar el avance de las causas

El pedido de indagatoria se realizó el 10 de julio de 2024, pero casi diez meses después, el juez Bailaque no ha avanzado en las citaciones. Los imputados incluyen exmilitares y civiles vinculados al hecho, entre ellos Bernardo Luis Landa, Omar Andrada y Luis Américo Muñoz, además de Luis Antonio Martínez, quien conducía la camioneta contra la que impactó el vehículo del obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del vehículo.

Es que desde que abrieron las causas de lesa humanidad por crímenes durante la dictadura militar, una parte de la Justicia Federal, de hecho, puso en práctica la doctrina de la “Solución Biológica” o “impunidad biológica” para los acusados de ese tipo de delitos, es decir, retrasar las causas esperando la muerte natural de los acusados o su incapacidad para defenderse en juicio.

Demoras injustificadas

A pesar de la orden judicial, Bailaque no ha llamado a declarar a los acusados. Justificó la demora en la espera de una respuesta del Vaticano, tras un exhorto enviado en octubre de 2024. Sin embargo, el fiscal Di Lello desestimó este argumento, señalando que la solicitud de indagatoria fue presentada tres meses antes, por lo que la consulta no justifica el retraso.

Como respuesta a esta inacción, el 10 de febrero de 2025, Di Lello interpuso un recurso por retardo de justicia contra el juez Bailaque, respaldado por la querella representada por la sobrina del obispo asesinado. Este reclamo ya había sido adelantado en diciembre con un pronto despacho, instando al magistrado a actuar sin más dilaciones.

Impacto y reacción de la Iglesia

El fiscal recordó que se trata de un posible crimen de lesa humanidad ocurrido durante la última dictadura, por lo que el retardo en la causa mantiene la impunidad y pone en riesgo el cumplimiento de normas y tratados internacionales. También señaló que la falta de avances impide a los acusados ejercer su derecho a la defensa y esclarecer aspectos fundamentales de los hechos ocurridos hace 47 años.

Mientras la causa sigue sin resolverse, la Iglesia Católica ha tomado una serie de medidas inéditas en relación con Ponce de León:

Creación de una comisión especial: Impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para recopilar información sobre la vida y labor pastoral del obispo.

Notificación a los obispos: En julio de 2024, más de cien obispos argentinos fueron informados sobre la apertura de una nueva investigación.

Mensaje conmemorativo: En el aniversario de su muerte, la Iglesia emitió un comunicado expresando su deseo de que la Justicia esclarezca lo sucedido el 11 de julio de 1977.

A pesar de estos gestos, el avance judicial sigue estancado, y el reclamo de justicia por el asesinato de Ponce de León continúa vigente.

Fuente: Infogel

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