10 diciembre 2024 - 09:57

Uniformados con vestimenta policial oficial, buscaron a un testigo y exhibieron una orden de allanamiento falsa para justificar su presencia en el lugar. La maniobra se frustró cuando a un policía bonaerense le llamó la atención el operativo y descubrió que el documento judicial era falso. El legajo se resolvió en un mes bajo los alcances del Código Procesal Penal Federal.

Un suboficial de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) y un cómplice fueron condenados a 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional como coautores del delito de tentativa de extorsión tras ser hallados culpables de participar en un frustrado intento de robo a una financiera de la localidad de San Pedro, donde esgrimieron una orden de allanamiento falsa, armas y uniformes oficiales. En el caso del policía, le impusieron además inhabilitación absoluta por el doble del tiempo, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años.

La investigación, a cargo del titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, se resolvió en menos de un mes y se tramitó bajo los alcances del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

La semana pasada el juez de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, homologó un trámite de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra Brian Alexander More, un agente de la división Antifraude de la PFA que, junto a un cómplice identificado como Lucas Santiago Ruiz, intentaron robar el 31 de octubre pasado la financiera Reuter Group, ubicada en Pellegrini 529 de la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Según el encuadre legal, el policía fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de extorsión en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, agravado por haber sido ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, en calidad de coautor.

La conducta del cómplice se tipificó también como coautor de los delitos de extorsión, en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, pero en concurso ideal con el delito de usurpación de título por haber utilizado públicamente insignias y distintivos de un cargo que no ejerce, este último delito en calidad de autor.

El caso

Según reconstruyó la investigación, la secuencia del hecho comenzó cuando minutos antes de las 13.15 los dos acusados, vestidos con camperas y gorras de la PFA, interceptaron al ciudadano Jorge Blanco para desempeñarse como testigo de un supuesto procedimiento que tenía que formalizar en un local.

Los tres se dirigieron primero a un vehículo de color blanco estacionado sobre calle Arnaldo casi Mitre, donde se encontraba una tercera persona aún no identificada. Del baúl del auto extrajeron distintos elementos y se dirigieron al mencionado al local de Reuter Group, donde había clientes ocasionales junto a empleados del lugar.

Ya en el interior, los dos intrusos bajaron las persianas y colocaron en la puerta un cartel de “cerrado”. Luego esgrimieron a viva “allanamiento, policía”, a la vez que golpeaban las puertas de acceso a los boxes donde se hallaban al menos cinco empleados, y un vigilador. A todos les impidieron usar los celulares, a la vez que desconectaron el sistema de videocámaras.

Las camperas y gorras oficiales de la PFA usadas en el falso allanamiento. Foto: Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás

Falsa orden de allanamiento

Seguidamente, leyeron a viva voz una falsa orden de allanamiento atribuida a la «Sede Descentralizada N°2 de San Nicolás» que tenía impresa la firma digital de un funcionario judicial, y cuya finalidad era el secuestro de moneda nacional y extranjera, celulares, documentación, máquinas de contar billetes, entre otros elementos.

Con la simulación se buscaba que los empleados y clientes entreguen los elementos requeridos, en virtud de estar, supuestamente, en presencia de oficiales de la PFA que actuaban conforme lo disponía una orden de autoridades federales.

Pero el robo se frustró cuando en ese momento se presentó en el lugar personal policial de la comisaría de San Pedro, quien constató que la orden de allanamiento resultaba ser falsa, y procedió a la aprehensión de More y Ruiz, y al secuestro del arma reglamentaria del policía, una pistola marca Bersa modelo TPR9 calibre 9 milímetros número de serie 11-J72843, con inscripción PFA, que tenía su cargador y 18 municiones intactas.

Además, se incautaron un juego de esposas en poder de Ruiz; dos camperas y gorras de la PFA; y credencial identificatoria auténtica de More como agente federal; una computadora tipo notebook marca Haier color gris, fajas de clausura de la PFA; la orden de allanamiento falsa; y el Certificado de Cooperación de testigo de la PFA, entre otros elementos.

Investigación

El fiscal Di Lello tomó la investigación del caso y ordenó relevar toda evidencia que pudiera confirmar la vinculación de los hechos con los detenidos. Así, y al citar los elementos incautados, valoró que la mayoría se trataba de los que usualmente son utilizados por la PFA al colaborar en la ejecución de una orden de allanamiento y secuestro.

Al mismo tiempo, se ponderó la declaración testimonial de la persona convocada como testigo por los imputados, quien confirmó esa circunstancia y la presencia del auto de donde sacaron los elementos, donde esperaba un tercer implicado que aún no fue identificado.

También se sumó un informe donde el comisario de la PFA a cargo de la División Antifraude, Marcelo Rodríguez Vimo, confirmó que More era numerario de esa fuerza de seguridad con jerarquía de agente, y con legajo personal N°45720.

Otras de las evidencias fueron los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de financiera Reuter Group, donde se logra captar el ingreso y los primeros momentos de More y Ruiz en el comercio en el rango horario de las 13.14 a las 13.21. Ese elemento, según valoró el fiscal, fue conteste con lo vertido en las declaraciones testimoniales y con el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo del local.

En ese sentido se sumó un informe de la Subdelegación de Investigaciones de (SubDDI) de Baradero que depende de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la policía bonaerense, donde se plasmó un relevamiento pormenorizado de cámaras exteriores tanto públicas como privadas, donde se advertía la presencia en la zona aledaña al lugar de los acontecimientos, de un vehículo Peugeot 408 blanco, con el dominio adulterado MND-634. Según el informe de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, dicha patente correspondía a un vehículo también marca Peugeot, pero modelo 308.

La credencial y la placa del agente de la Policía Federal condenado. Foto: Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás

Acusación y juicio abreviado

Luego de formular la acusación y tras considerar que la investigación preparatoria había concluido, el fiscal Di Lello solicitó la apertura del juicio oral y público respecto de More y Ruiz.

“Se tuvo por acreditado que los imputados desplegaron un ardid consistente en hacer creer a las víctimas que existía una orden de allanamiento dispuesta por una autoridad federal, obligando de tal manera a los empleados de la financiera a poner a su disposición dinero y demás efectos que se detallaban en la falsa orden”, remarcó en el fiscal.

Y agregó que “dicho cometido no fue logrado (desapoderamiento de dinero y otros elementos) por motivos ajenos a su voluntad, esto es, la intervención de personal policial bonaerense, quedando el hecho en grado de tentativa y ambos en calidad de coautores”.

Tras una serie de tratativas con la defensa, el 26 de noviembre el Ministerio Público Fiscal acordó resolver el legajo penal en un trámite de juicio abreviado, donde los imputados aceptaron de forma expresa los hechos materia de acusación, su participación en ellos, los elementos probatorios en los que se funda, la calificación legal otorgada y la pena.

Condenas

Así, finalmente el juez Villafuerte Ruzo intervino para hacer el control de legalidad del acuerdo, homologarlo y dictar la sentencia. El agente de la PFA Brian Alexander More fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional, costas del proceso, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de 10 años, como coautor penalmente responsable de los delitos de extorsión en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, agravado por haber sido ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, en calidad de coautor.

Por su parte, Lucas Santiago Ruiz recibió la misma pena con costas del proceso y multa de 10.000 pesos como coautor de los delitos de extorsión, en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, en concurso ideal con el delito de usurpación de título por haber utilizado públicamente insignias y distintivos de un cargo que no ejerce, este último delito en calidad de autor.
Fuente: Fiscales.gob.ar

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