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Miercoles 15 de Enero de 2025
13 enero 2025 - 18:56
Las nuevas imputaciones, por comercio de estupefacientes agravado, alcanzan a los siete integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe ya investigados, y a la pareja y dos cuñados de uno de ellos, respecto de quienes el juez Carlos Vera Barros dispuso su prisión preventiva.
El titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo, amplió la imputación respecto de siete integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en orden al delito de comercio de estupefacientes agravado en una audiencia realizada el 10 de enero pasado ante el Juez de Garantías Carlos Alberto Vera Barros.
Guillermo David Toledo, Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernando Nicolás Ferreira, Renzo Maximiliano Michelud y Agustín Mario Andrés Martínez –integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la provincia de Santa Fe- ya habían sido imputados por la realización de un allanamiento ilegal el 13 de agosto de 2024 para sustraer cocaína, armas y dinero en una vivienda del barrio Azcuénaga de la ciudad de Rosario. En dicha oportunidad con violencia y bajo amenazas, privaron de su libertad a cinco personas -dos de ellas menores de edad- y les sustrajeron entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos.
En la misma audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal también imputó por la comisión del delito de comercio de estupefacientes- a Miriam Alejandra Gallegos, Guillermo Jonás Gallegos y Leonardo Manuel Gallegos, pareja y cuñados -respectivamente- del oficial Guillermo David Toledo, quienes fueron detenidos el 9 de enero pasado, tras la realización cinco allanamientos en las ciudades de Rosario y Santa Fe, autorizados por el juez Vera Barros en una audiencia celebrada, el día anterior, en la que también intervinieron los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa.
Los peritajes practicados sobre los teléfonos celulares incautados a los policías, cuando fueron detenidos en octubre de 2024, evidenciaron que los ahora imputados se quedaron con la droga sustraída en el procedimiento fraguado por los funcionarios policiales que trasladaron en parte a la ciudad de Santa Fe, comercializaron allí, a través de sus familiares.
En virtud de ello, los representantes del MPF ampliaron el 10 de enero la imputación respecto de los policías Toledo, Robledo, Schneider, Balais, Pérez, Ferreira y Michelud por considerarlos coautores del delito de “comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas en forma organizada”. Los oficiales ya habían sido imputados, junto a Martínez, por la coautoría de diversos delitos entre los que se cuentan los de violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.
Asimismo, en la misma audiencia, el Ministerio Público formalizó la investigación respecto de María Alejandra Gallegos -pareja de Toledo-, quien habría colaborado en el transporte y la venta del estupefaciente sustraído, y de sus dos hermanos -Guillermo Jonás y Leonardo Manuel Gallegos- por haber fraccionado y comercializado la droga junto a una mujer que aún no fue ubicada. También requirió la prisión preventiva de las tres personas, que fue dispuesta por lapso de 90 días.
Finalmente, a instancias del Ministerio Público Fiscal, el juez Vera Barros dispuso la prisión preventiva de la mujer y sus hermanos, y declaró el caso como un “Procedimiento Complejo” en los términos del artículo 334 del Código Procesal Penal Federal que autoriza la ampliación de los plazos máximos de duración de las diversas etapas del procedimiento.