27 noviembre 2024 - 07:51

Carlos Vaudagna era director regional del organismo recaudador en Santa Fe y Rosario. Le allanaron nueve domicilios relacionados con una red de testaferros.

Al mismo tiempo que tres fiscales desmenuzaban en una audiencia penal el jueves pasado diferentes delitos atribuidos al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, nueve lugares relacionados con un alto funcionario público acusado en ese mismo acto eran allanados. Eran todos domicilios ligados a Carlos Andrés Vaudagna, ex director regional de las delegaciones Rosario y Santa Fe de la ex AFIP (hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero), a quien se le adjudican maniobras de corrupción institucional con el fin de enriquecerse. Lo mismo que al juez federal rosarino.

La mayor cantidad de esas locaciones pertenecían a testaferros presuntos y operadores financieros de Vaudagna. Entre los lugares que se requisaron y de donde levantaron documentación por orden de un fiscal federal figura una mutual en la ciudad de Santa Fe de la que, según los investigadores, el alto directivo de la AFIP es el dueño.

Las evidencias desplegadas contra el juez Bailaque y Vaudagna exponen una madeja institucional que se constituyó para impulsar investigaciones que favorecieran o no a contribuyentes, o para obtener mediante información fiscal beneficios económicos mediante el manejo de causas penales. La información que derivó en los allanamientos del jueves pasado, en su totalidad, estaba en un teléfono secuestrado en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Miguel Moreno, en mayo de 2021. Una dependencia de la Justicia de Santa Fe.

Un punto medular de la pesquisa, sobre la que surgen interrogantes fundamentados y presagian un debate, es por qué razón el contenido de ese teléfono no determinó desde el MPA ninguna denuncia judicial. Allí figura una variedad de nombres de funcionarios públicos de distintos poderes, algunos de ellos muy encumbrados, con sugestivos elementos a veces indicativos de actos ilícitos.

Las evidencias desplegadas contra el juez Bailaque y Vaudagna exponen una madeja institucional que se constituyó para impulsar investigaciones que favorecieran o no a contribuyentes, o para obtener mediante información fiscal beneficios económicos mediante el manejo de causas penales. 

Una parte de ellos movilizó la acusación al juez Bailaque. Otra empujó los allanamientos a Vaudagna, que en el robusto tráfico de mensajes de su celular secuestrado hace tres años aparece como un funcionario muy influyente a nivel comercial, judicial e institucional en toda la provincia. En base a ellos habría construido una capacidad económica notable disimulada en redes de testaferros.

De 55 años, actualmente en funciones externas en la AFIP Santa Fe aunque en servicio y con goce de haberes, Vaudagna es oriundo de un pueblo vecino a Rafaela. En esa ciudad el teléfono deja a la vista una menuda trama de relaciones. «Un hombre de mucho dinero que era asesor contable y financiero de un montón de gente a la que por eso le cobraba», indica un conocedor de la historia.

Los allanamientos se hicieron el jueves pasado en la localidad de Humberto Primo donde reside su madre, en Rafaela donde vive un hermano suyo, en la comuna de Sarmiento en la que tiene domicilio un testaferro y socio presunto. También en Hipatia, otro pueblo pequeño, donde figuran dos empresas de él a nombre de terceras personas.

Hubo requisas además en la comuna de Irigoyen, y en tres lugares de la ciudad de Santa Fe. Una fue en la Mutual Prestaciones Para la Salud, Farmacia y Vivienda, ubicada en Monseñor Zazpe al 2900, entidad cooperativa cuyo control se le atribuye a Vaudagna en base a lo extraído de su teléfono. Otro lugar allanado es una empresa aseguradora. Finalmente, su propio domicilio.

El teléfono que abrió el juego hacia personas encumbradas y que describe dinámicas que huelen muy mal le fue secuestrado a Vaudagna en el marco de la investigación por estafa a directivos de Vicentin. El fiscal provincial de Delitos Económicos Miguel Moreno expuso en una audiencia que Omar Scarel, presidente de Vicentin, le preguntaba al abogado Sergio Pavicich formas de justificar algo más de 200 mil dólares encontrados en una caja de seguridad a nombre de su hijo Gastón en una sucursal del Banco ICBC en Reconquista.

El abogado le explica que entre otras variantes se puede hacer con un documento de una operación inmobiliaria. El que se presentó precisamente con eso para decir que el dinero del cofre era suyo fue, para colmo del asombro, el jefe de la AFIP Vaudagna. Extendió para justificarlo un documento inscripto por una escribana en un registro antedatado con el solo fin de simular un origen legal para el dinero de la caja de seguridad. Eran fondos de anticipo de una operación inmobiliaria.

El teléfono que abrió el juego hacia personas encumbradas y que describe dinámicas que huelen muy mal le fue secuestrado a Vaudagna en el marco de la investigación por estafa a directivos de Vicentin.

Fue tan burdo el argumento como la salida penal. A Vaudagna le terminaron imponiendo una probation consistente en el pago de un millón de pesos de multa y una serie de clases en un colegio por falsedad ideológica de una escritura. Se trataba de un claro hecho de lavado de activos. Por ser un funcionario público, además, estaba exceptuado de recibir este tipo de salidas.

El fiscal federal de Reconquista Roberto Salum objetó esta alternativa que le concedió el ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario Mariano Ríos, quien ante una serie de contratiempos judiciales renunció a su cargo hace seis meses.

Todos estos hechos concretados en el MPA de Rosario instalaron una fuerte suspicacia hacia todo el trámite. La justificación que intentó Vaudagna sobre los fondos de la caja de seguridad es vista como un favor que éste, una persona señalada por tráfico de influencias y venta de asesoramiento, le hizo a Scarel, hombre fuerte de Vicentin, firma que está sospechada de todo tipo de maniobras económicas que incluyen el lavado de activos.

Queda bajo incógnita, debido a ello, por qué el MPA mantuvo más de dos años un teléfono cuyo contenido sensible pone en aprietos a diversas personalidades del mundo institucional y económico santafesino, un tiempo en el cual funcionarios públicos hoy cuestionados por lo que atesoraba ese celular siguieron en funciones. Sin efectuar denuncias ante autoridades judiciales ni investigar a fondo un acto de lavado.

Estas suspicacias ya están señaladas de una manera no formal, pero fiscales federales evalúan pedir una investigación para que explicaciones necesarias se aporten. También de una manera no formal desde el MPA indican que la complejidad del caso y la estructura mínima de la Unidad de Delitos Económicos produjeron una omisión lamentable pero no dolosa. Aducen además que remitieron el contenido del teléfono a la AFIP. Pero ese es según investigadores federales justamente un órgano a investigar, donde los superiores de Vaudagna también están bajo sospecha, y donde a éste le abrieron un sumario que se terminó desestimando.

Desde esta unidad del MPA le solicitaron a la Fiscalía Federal actuante que le remitan la extracción forense del teléfono de Vaudagna cuya revisión hace dos años, deslizan, habría sido realizada por un pasante de escasa experiencia, que sin mala fe no encontró nada relevante para avanzar. Las constancias que devolvería la Justicia Federal ahora serían exactamente las recibidas desde el MPA. Se trata del mismo contenido porque no se hicieron nuevas pericias al celular del capo regional de la AFIP.

En este teléfono estaban las evidencias del contacto regular entre Bailaque y Vaudagna, quienes según dijo en audiencia el fiscal federal de la Procelac Juan Argibay el jueves pasado se reunían a comer o a tomar café reiteradamente, en fechas coincidentes en que compartían información para impulsar causas penales. También una reiteración de chats entre Vaudagna y su superior Jaime Mecikovsky, subdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP.

Jaime Mecikovsky, subdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP, fue investigado por un montaje de causas judiciales con información manipulada y filtraciones de datos amparados bajo secreto fiscal, con consultas a organismos públicos no justificadas. 

Mecikovsky fue investigado por un montaje de causas judiciales con información manipulada y filtraciones de datos amparados bajo secreto fiscal, con consultas a organismos públicos no justificadas. Un artículo del periodista Gabriel Morini de julio de 2023 en Ambito Financiero deja al desnudo cómo Mecikovsky da instrucciones de cómo responder de manera escueta a requerimientos de la Justicia. Todo eso se supo al recuperarse el celular de Vaudagna incautado por el MPA.

En ese celular asoma un tumulto de delitos de guante blanco. Es un hecho sensible en extremo del MPA que nació en 2014 con el afán manifiesto de romper la selectividad penal investigando, también, a personas poderosas. Lo es también por la conflictividad de su historia reciente.

Hace dos años el fiscal Matías Edery, de la Unidad de Crimen Organizado, fue acusado de omitir información y brindar impunidad con ello a una testigo informante, acusada de imputar a un importante actor del campo criminal pero tener al mismo tiempo negocios con otro. Eso motivó que la Auditoría General de Gestión del MPA le abriera a Edery un sumario, le extendiera el caso a la Legislatura que lo suspendió cuatro meses y después se impulsara un proceso penal en su contra. El fiscal siempre adujo inocencia y dio explicaciones públicas. La Unidad de Crimen Organizado fue desmantelada.

Ahora se insinúa otro caso de omisión de investigación hacia implicados muy poderosos. Quizá la omisión presunta no sea más que una cadena de situaciones desafortunadas. Habrá que esperar a establecer el modo en que internamente el MPA, como en cada situación donde hay sospechas pero también ambigüedad, gestiona la averiguación de lo ocurrido.
Fuente:  La Política Online

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